Alfredo Rafael Francisco Correa de Andreis, ingeniero agrónomo, sociólogo, intelectual, humanista y Caribe, nacido el 26 de abril de 1952 en Ciénaga, Magdalena. Realizó una maestría en educación con énfasis en desarrollo social en la Universidad de Paris XII-Val de Marne de Francia.
Dedicó 23 años de su vida a la docencia, fue un sociólogo comprometido con la comprensión de la región Caribe, con las poblaciones víctimas de la violencia, del desplazamiento forzado y el despojo de tierras en Atlántico y Bolívar, un académico que articuló sus reflexiones y pensamientos con la sociología colombiana de Orlado Fals Borda. Fue Secretario de Planeación y Secretario de Participación Ciudadana en Barranquilla.
En 2004, a sus 52 años se encontraba trabajando en dos investigaciones una de ellas financiada por Colciencias con la Universidad del Norte de Barranquilla y otra de ellas financiada por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Estudió el desplazamiento de las poblaciones de La Cangrejera, Pinar del Río y Loma Roja, en zona rural de Barranquilla. Desarrolló su labor académica en defensa de los derechos humanos.
El 17 de junio de 2004 sobre las 5:20 p.m. Correa de Andreis salió de su apartamento en el barrio El Prado de Barranquilla, se despidió de su esposa Alba Lucía y de su hija de 13 años Melissa, para abordar un vehículo que lo llevaría a una reunión en la Universidad Simón Bolívar. De manera inmediata agentes del DAS, apoyados por un organismo de inteligencia de Atlántico, retuvieron a Alfredo con una orden de detención por delito de rebelión, que había sido emitida por el fiscal 33 de Cartagena, Demóstenes Camargo Ávila.
Fue recluido en la cárcel El Bosque de Barranquilla, allí permaneció hasta el 14 de julio de 2004. Fue señalado de ser ideólogo y colaborador del frente 59 de las FARC, bajo el alias de “Eulogio” o “El Profe”, víctima de un montaje con pruebas falsas, testimonios comprados con desmovilizados de este grupo armado, los supuestos testigos fueron Javier Larrazábal, José Daniel Satizábal, Mayerlin Torres Carvajal, Eliécer Vivas Cuervo y Yamile Barrios Villegas.
Todo el material probatorio fue irregular, su defensa aportó las pruebas que evidenciaron que había estado en actividades familiares o de trabajo cuando según los falsos testigos había estado en campamentos de las FARC, se reafirmó que Alfredo era un hombre de paz, entregado a la investigación social, a la academia y un hombre defensor de derechos humanos.
Un mes después fue puesto en libertad, pese a que la Fiscalía General de la Nación tenía el material para dejarlo en libertad de forma más pronta, no lo hizo. El 17 de septiembre de 2004, mientras el profesor Alfredo se encontraba caminando en compañía de su escolta Edelberto Ochoa Martínez por la Carrera 53 con calle 60 a las 2:20 p.m. fue baleado por sicarios junto a Edelberto en vía pública.
Antes de que acabaran con su humanidad el profesor le dijo al hombre que empuñaba el arma “¡Hey loco, no dispare!”. Desde agosto de 2003 Correa de Andreis era objetivo militar de las AUC, por lo que Javier Alfredo Valle funcionario del DAS de la sede de Valledupar, que estaba al mando de alias “Don Antonio”, empezó a realizar seguimientos ilegales al profesor, durante cuatro meses registró y fotografió todo lo que realizaba el docente.
Posteriormente, se conoció una lista de 35 personas entre las que estaban líderes sociales, defensores de derechos humanos y gestores culturales, señalados de ser colaboradores de la guerrilla de las FARC y objetivo militar de las AUC en la Costa Atlántica. Siete personas que se encontraban en esa lista fueron asesinadas, incluyendo al maestro.
Su asesinato estuvo orquestado por el Bloque Norte de las AUC y por el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, información que se conoció por una declaración de Jorge Enrique Palacios Salas, quien era representante de una empresa de seguridad, al servicio de las AUC. Reveló que el asesinato había sido ordenado por Edgar Fierro Flórez, alias “Don Antonio” capitán retirado del Ejército, encargado del Bloque Norte en la ciudad de Barranquilla, al mando de Rodrigo Tovar Pupo alias “Jorge 40”.
Willmer Samper alias “Pupi” le informó a Jorge Palacios que estos habían asesinado a Correa de Andreis, le contó el plan criminal que se gestó para su muerte, que incluso fue acompañado a la Clínica del Prado para comprobar que efectivamente estuviese muerto. “Pupi” confirmó que lo habían asesinado porque se le acusaba de ser colaborador de la guerrilla, pero que el grupo paramilitar sabía que no era guerrillero, que les causaba molestias por el trabajo intelectual que realizaba y por las reclamaciones a la Red de Solidaridad para que ayudarán a personas en condición de desplazamiento.
Poco después, los partícipes en este plan criminal fueron asesinados por las mismas AUC para las que trabajaban, siendo asesinados Jorge Palacios, Wilmer Samper y Henry Arbey Patiño.
Posteriormente, en uno de los computadores de “Jorge 40”se encontró una carpeta llamada “Amigos del DAS”, en la que se tenía una lista de 106 nombres, encontrándose académicos, activistas, defensores de derechos humanos, periodistas, sindicalistas y líderes de oposición de la Costa Atlántica. El 11 de marzo de 2006, en una residencia de Santa Marta que ocupaba “Don Antonio” se encontró documentos que revelaban la vinculación de los paramilitares con el DAS, entre ello, una lista de personas que criticaba la impunidad detrás del proceso de paz entre las AUC y el gobierno de Álvaro Uribe.
La Corte Suprema de Justicia determinó que el DAS actuó conjuntamente con paramilitares del Bloque Norte y que esta misma entidad había cometido graves delitos de espionaje, amenazas, persecución y asesinatos. La Fiscalía estableció que el hecho fue cometido por Rodrigo Tovar Pupo, Edgar Ignacio Fierro, Juan Carlos Rodríguez y Javier Alfredo Valle Anaya.
Jorge Noguera, director del DAS en aquel entonces, fue determinado como coautor de este homicidio y contra el de la periodista Zully Codina, Pacheco Rodríguez, sindicalista de SINTRELECOL, trabajador de Electricaribe y del político Ferando Pisciotti Van Strahlen. La Corte Suprema de Justicia le imputó 25 años de prisión por la muerte de Alfredo Correa de Andreis.
En 2013, el Tribunal Superior de Barranquilla ordenó al DAS ofrecer disculpas públicas por la muerte del docente. En enero de 2019 el Consejo de Estado condenó a la nación por la detención ilegal del sociólogo. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, sucesora del DAS, deberá dar respuesta a medidas restaurativas por los hechos. Pese a las imputaciones de responsabilidad, la verdad develada es incompleta y la impunidad persiste, no sólo en este crimen sino a lo largo de la historia del paramilitarismo y su vinculación con el Estado.
En su memoria la Universidad del Norte realizó un edificio para dar importancia a la obra de Correa de Andreis y para que las generaciones próximas puedan conocer su labor, este edificio se creó como un lugar en su honor, en el que se recordarán sus virtudes posiblemente como humanista, como intelectual, como padre y esposo. El 17 de septiembre de 2019, cumpliéndose 15 años del crimen el Estado deberá pedir perdón público por lo ocurrido en memoria del docente, con un acto en la Universidad Simón Bolívar y en la Universidad del Norte.
A pesar de lo que fue y de lo ocurrido y aunque su cuerpo físico no esté con sus seres queridos, sus amigos, sus alumnos o grupos de estudio, sus lecciones de vida, humanas y académicas, se mantienen vivas significativamente para todos los constructores de paz, para todos quienes luchan en favor de la igualdad y los derechos humanos. Alfredo es un ejemplo a seguir para encontrar soluciones a problemas estructurales, pero al mismo tiempo para ser más sentipensantes, su memoria trasciende la impunidad, trascienden las fuerzas que persisten en hacer daño, será recordado por quién era y por su convicción en defensa de la vida.
Tomado de: Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
